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El impacto de una patrulla estatal contra un negocio en la colonia Valle del Roble en Cadereyta en octubre pasado afectó a seis personas.
NUEVO LEÓN.- Han pasado casi diez meses de que un policía de Fuerza Civil provocó un fuerte accidente que dejó lesionado a Mario de Jesús y ni el elemento ni el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, han reparado el daño.
El impacto de una patrulla estatal contra un negocio en la colonia Valle del Roble en Cadereyta en octubre pasado afectó a seis personas.
Mario de Jesús Vallejo Parra, entonces de 18 años y con muchos sueños por delante, fue quien lamentablemente sufrió mayores lesiones, las que le llevaron a perder sus dos piernas.
“Tanto Fuerza Civil, como Patrimonio del Estado, no nos han solucionado nada”, declaró a Posta Francisca Parra Obregón, madre de Mario de Jesús.
Han tenido dos audiencias, explicó Parra Obregón, mismas a las que Caleb G., el policía de Fuerza Civil inculpado, no ha acudido.
Han pasado procesos complicados y dolorosos, dijo, desde el hecho de que el joven se haya tenido que adecuar a su nueva vida, hasta enfrentarse a que la aseguradora Quálitas, que es quien lleva el proceso por parte del Gobierno de Nuevo León, les ofrezca solamente 200 mil pesos para la reparación del daño.
Recién sucedieron los hechos, la corporación policiaca les brindó apoyo de traslados y comidas en el hospital.
Pero sus buenas acciones duraron poco, ya que ni siquiera cumplieron con su compromiso de enviar una ambulancia para el traslado de Mario de Jesús a su casa cuando fue dado de alta. Sus padres lo llevaron en su pequeño automóvil, lo que le provocó algunas lesiones al joven.
Francisca Parra Obregón recordó que incluso, la comisaria de Fuerza Civil le llevó dinero recaudado por varios policías, prometiéndole que la apoyaría con el pago de la construcción de un baño especial que se requería para su hijo.
No lo cumplió y la dejó con el compromiso que adquirió con un vecino albañil.
La aseguradora Quálitas le ofreció 10 mil pesos para que se desistiera de la denuncia contra el policía.
“A los dos días nos hablaron del CODE de Cadereyta, que teníamos que ratificar la denuncia y nos empezaron a explicar que por falta de precaución del conductor y varias cosas.
“Ese día la aseguradora me ofrecía, la licenciada, Judith Alejandra Téllez me ofrecía un vale de 10 mil pesos, que para el mejor hospital de Monterrey, yo le dije ‘pues 10 mil pesos en unas horas se te van, con un algodón o cualquier cosa te los cobran.
“Le dije que no, pero me dijo ‘aquí está el vale, nada más te pido que desistas contra el policía’ y le dije que no”, relató Parra Obregón.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) también se acercó a la familia. Tampoco ha hecho nada a favor de quien debe defender y apoyar, que es Mario de Jesús.
“Me dijo ‘yo voy a ser su abogada’”, narró la mamá de Mario de Jesús, refiriéndose a la Carolina López, quien representaba a la CEAV.
Les dijo “voy a ver por el interés de Mario”, acompañada de una psicóloga y una trabajadora social.
“La abogada nunca hizo nada. La señorita iba, se presentaba, pero ella nunca hablaba, nada más se quedaba callada”, dijo.
Fue el propio fiscal quien recordó a Carolina López la existencia de un fondo económico para apoyar a las víctimas, lo cual fue negado por la representante de la CEAV.
Mientras que la CEAV no representaba los intereses del joven afectado, advirtió Parra Obregón, la representante de la empresa de seguros, Judith Alejandra Téllez, subió su oferta a 230 mil pesos, los cuales fueron considerados insuficientes para las necesidades reales del joven.
El joven necesitará cuatro juegos de prótesis, describió su madre, y tan sólo las que requiere en este momento cuestan 65 mil y 85 mil.
Gracias a la recomendación de un médico legista que se negó a seguir las instrucciones del Estado, que pretendía que expidiera un dictamen definitivo, la familia desistió de los servicios de la abogada de la CEAV y buscó al abogado, José Luis Robles y Gayol, quien les está representando sin cobrar honorarios.
El principal problema al que se enfrenta la familia es a la inasistencia del policía imputado a las dos audiencias realizadas al momento.
“Hay un procedimiento en el Tribunal que se está llevando a cabo a través de los juicios orales, el tema aquí es que no va el imputado y se está difiriendo permanentemente el procedimiento”, explicó Robles y Gayol.
Como consecuencia de ello, dijo, se ha girado una orden de aprehensión en contra del elemento policiaco para que se presente las audiencias.
Lo anterior, pese a que supuestamente el policía aún pertenece a la dependencia estatal, a cargo de Aldo Fasci Zuazua, “y la secretaría tiene absoluto control sobre él, como para hacerlo comparecer”.
El segundo tema es la reparación del daño, agregó el litigante, pues la oferta la está haciendo la empresa de seguros, aún y cuando la Secretaría de Seguridad debe asumir la responsabilidad.
“No (se está haciendo) que la secretaría asuma una responsabilidad, o que el Estado asuma una responsabilidad, que debe de asumirla”.
La oferta más reciente de Quálitas ha sido de 280 mil pesos, sin embargo, la reparación debe ser integral, consideró el abogado.
“Cuando yo me refiero a integral, es considerar muchos elementos y muchas responsabilidades. El Estado no se libera poniendo a la compañía de seguros al frente, no, el Estado tiene que asumir la responsabilidad”, señaló Robles y Gayol.
